Durante el proceso de realización de las obras del hospital comarcal del Baix Llobregat, el centro Moisés Broggi, gestionado por el Consorcio Sanitario Integral, se produjeron adjudicaciones a dedo, que no tuvieron en cuenta la ley de contratos de las administraciones públicas.

Este hecho se refleja en el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2007, que concreta varios casos específicos de adjudicaciones directas, sin respetar el procedimiento legal.

Por ejemplo, la Sindicatura se refiere a la adjudicación, por 660.000 euros, "de forma directa, sin seguir los procedimientos establecidos" en la ley, del proyecto ejecutivo del nuevo hospital.

También hace referencia a la adjudicación, por 1.300.000 euros, a la misma empresa, de un nuevo contrato de redacción del proyecto ejecutivo, "sin ningún procedimiento de ejecución".

Otro caso de adjudicación a dedo que refleja el informe de la Sindicatura es el de las obras de reforma, por 620.000 euros,  que "se efectuó de forma directa, sin cumplir los principios de publicidad y concurrencia establecidos" en la legislación vigente.

Asimismo, según la Sindicatura de Cuentas, "se contrató de forma directa la realización del proyecto básico y de ejecución y la dirección de la obra", aunque no se hace referencia al importe económico.

Y respecto a la residencia Collblanc-Torrassa, la Sindicatura afirma que "los trabajos de redacción del proyecto de obra -225.000 euros- la dirección facultativa -76.000 euros-, la redacción del proyecto de las instalaciones -55.000 euros- y la dirección facultativa de las instalaciones -53.000 euros- se adjudicaron de forma directa, sin cumplir los principios de publicidad y competencia establecidos" por la normativa legal.

Al respecto, la diputada de CiU Dolors Batalla ha afirmado que espera que el informe de la Sindicatura que contiene estas "graves irregularidades", sea remitido al Tribunal de Cuentas y "se emprendan las acciones necesarias para que estos hechos no queden sin consecuencias".

Según Batalla, "los responsables del Consorcio han hecho adjudicaciones que son conocidas como adjudicaciones a dedo, prescindiendo de la legalidad vigente, como si se tratase de recursos propios privados y de fincas privadas". Acusa al CSI de "incumplir de forma reiterada en la adjudicación de contratos los principios de transparencia, igualdad y no discriminación".