El Govern apagó un fuego para encender otro con el decreto de obligado cumplimiento para que los arrendatarios y propietarios de locales comerciales puedan negociar el alquiler, a raíz de la crisis de la pandemia por Covidien. Si las partes no llegan a un acuerdo, se podrá reducir hasta el 50% el precio del alquiler mientras dure la situación adversa. La medida, aplaudida por el arrendatario, ha generado el rechazo de los propietarios, entre los que hay promotoras, multinacionales y grandes empresas, pero también pymes y familias con patrimonios de alquiler del que esperan un rendimiento.
Fomento del Trabajo ha cargado en un comunicado contra la decisión de la Generalitat y ha dicho que considera que el decreto ley "provoca inseguridad jurídica y es de dudosa constitucionalidad". "La suspensión de la actividad en bares, restaurantes, gimnasios, centros de belleza y la consiguiente pérdida de ingresos no puede ser asumida ni por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que se ha de repercutir en la administración que ha ordenado el cierre de los negocios o ha limitado parcialmente la actividad".
Fomento encuentra correcto promover una negociación, pero cree que "no es asumible dictar una norma que la altera y condena previamente los propietarios a perder una parte o la totalidad de la renta". "La consiguiente pérdida de ingresos no puede ser asumida ni por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que se ha de repercutir en la administración que ha ordenado el cierre de los negocios o ha limitado parcialmente su actividad", sentencia.
Pimec ha pronunciado en la misma línea y ha reclamado al Govern que "tenga en cuenta los pequeños tenedores y ahorradores, propietarios de los locales que ahora ven rebajada su renta". "A menudo se trata de inmuebles que han sido adquiridos con préstamos hipotecarios que habría que seguir pagando", remarca. El presidente de la patronal, Josep González, ha destacado que "los propietarios tampoco deberían asumir sólo las consecuencias de esta decisión y, por tanto, habría que repartir el juego y que la Administración también se hiciera cargo de una parte los costes de esta rebaja".
Units per Avançar también ha defendido la postura de las dos patronales. En este sentido, considera que el decreto ley "es claramente intervencionista y genera inseguridad jurídica" y ha instado al Gobierno a asumir "los costes de sus decisiones y no los traspase a propietarios e inquilinos". "Es el Govern el que ha ordenado el cierre de los bares y los restaurantes y, por tanto, es el ejecutivo catalán el organismo que debe afrontar los costes de su decisión", sentencia.
La formación también subraya que, desde un punto de vista jurídico, el decreto "puede ser absolutamente nulo, por una parte, por la protección constitucional de la propiedad privada y, por otro, porque no hay ninguna norma que prevea que el Govern pueda romper lo que las partes privadas hayan establecido en un contrato, en este caso perfectamente regulado por la ley específica de Arrendamientos Urbanos con los principios regulados en el Código Civil".
